Publicado originalmente en la Revista Perspectiva
Como resultado de la violencia y el crimen que México ha experimentado en los últimos años, en algunos de los estados más peligrosos del país, se han formado grupos armados denominados “autodefensas”. Miembros y líderes de las autodefensas dicen que solo quieren proteger a sus comunidades del crimen organizado y de la corrupción de las policías locales, y proporcionar la seguridad que no brinda el Estado Mexicano.
Ya existen entre catorce y diecisiete de estos grupos en México, en varios estados desde Nuevo León hasta Michoacán. Aunque el número de estos grupos se ha incrementado en años recientes, en algunos estados como Guerrero, han existido desde hace al menos diecisiete años. En las regiones de México en las que el Estado no tiene presencia, los grupos de autodefensas gozan de gran apoyo popular, y hay varios ejemplos de grupos “legítimos” que han ayudado a eliminar el crimen en sus comunidades.
Sin embargo, hay quienes consideran que la presencia de las autodefensas solo sirve para aumentar el nivel de violencia. Estos críticos dicen que “armar a la comunidad civil o permitir que esta se arme representa un riesgo muy alto, especialmente en América Latina, que con solo el 9% de la población global, produce más del 40% de los homicidios en el mundo, aproximadamente”.
¿Pueden estos grupos constituir una amenaza para el monopolio de la fuerza del Estado? ¿Debería el gobierno mexicano tratar de incorporar a las autodefensas en la estructura de la policía federal?
Las opiniones aquí expresadas son a título personal:
Juan David González Ramírez. Colombia
Politólogo e investigador del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC
Si bien el surgimiento de grupos de autodefensas en un territorio podría adjudicarse al aumento de la violencia ejercida por grupos armados de criminalidad organizada, existen otros factores que inciden en su formación. Entre estos se encuentran la debilidad de las instituciones estatales encargadas de prestar el servicio de seguridad pública, o la existencia de una seguridad pública autoritaria que brinda protección sólo a algunas personas y/o sólo en algunas zonas. A partir de estos elementos, surgen grupos que tienen como objetivo suplir las carencias del Estado en la prestación del servicio de seguridad pública a través del ejercicio de la violencia. Sin embargo, cabe anotar que es función primordial del Estado prestar los servicios de seguridad y justicia a los ciudadanos, manteniendo el monopolio efectivo sobre el uso de la fuerza.
Debido al estatus de ilegalidad de los grupos de autodefensas, es poco probable que el Estado controle su uso de la violencia. Además, existe el riesgo de que algunos de estos grupos abandonen sus objetivos iniciales de prestar el servicio de seguridad y se involucren en otras actividades ilegales y violentas. De hecho, las autodefensas tienden a ejercer acciones violentas indiscriminadas que afectan a la población civil como por ejemplo, las ejecuciones en Ayatula a presuntos criminales sin tener ningún tipo de evidencia ni proceso judicial que comprobara el acto criminal, o el caso de violencia sexual contra turistas en Acapulco. Si bien las autodefensas tienen como objetivo contrarrestar el accionar violento de los grupos criminales que proliferaron su accionar en México, su surgimiento conlleva grandes riesgos en términos de victimización de la población civil al fragmentar el monopolio de la violencia. Es por esto que el Estado debe propender por evitar la aparición de estos grupos, a la vez que fortalecer la capacidad de las instituciones encargadas de prestar los servicios de seguridad y justicia, para así asegurar el monopolio del uso de la violencia en su territorio.
