Durante estos últimos días se ha puesto nuevamente en el debate público la efectividad de la medida solicitada por el Alcalde Petro en torno a la suspensión al porte y tenencia de armas de fuego en la ciudad de Bogotá. Luego de cumplir los primeros tres meses de la medida es momento oportuno para preguntarse sobre sus efectos.
¿Qué pretendía la medida? Si bien la suspensión planteaba como objetivo central reducir la comisión de delitos con armas de fuego, sus alcances iban más allá de esta premisa: La ciudadanía debía entender que la tenencia y porte de armas de fuego era exclusiva del Estado y, como caso excepcional, de la seguridad privada.
La medida daba un giro importante a la labor de la Policía Nacional en Bogotá: los policías en las calles ahora priorizarían y centrarían sus esfuerzos en la incautación de armas, sin la costosa distinción entre lo legal o lo ilegal –pues todo era ilegal ya que los «ciudadanos de bien» no podrían sacar sus armas- que sobre otro tipo de delitos.
El mensaje era claro, buscar las armas era la prioridad, cada policía tenía como obligación incautar cuanta arma encontrara.
De acuerdo a la información disponible a la fecha, el cambio de estrategia de la Policía Nacional ha servido para dar efectividad a la medida.
Según cifras de Medicina Legal durante los primeros dos meses de la operación –febrero y marzo-, los homicidios presentaron una caída del orden del 12% respecto al 2011. Aún más importante resulta lo siguiente: 7 de las primeras 9 semanas de la intervención, registraron un descenso importante en los homicidios respecto a las mismas semanas del año inmediatamente anterior como la siguiente gráfica claramente lo muestra:
Ahora bien, esto pudo haber ocurrido por otras razones. Es probable que la restricción al porte más el control policial es lo que haya operado para reducir los homicidios, pues otras formas de homicidios, muertes violentas e incluso accidentes bajaron, pero mucho menos.
Ahora bien, es muy interesante ver cuándo no funcionó la medida: durante las dos semanas en las cuales los homicidios registraron cifras superiores respecto al año anterior, en Bogotá acontecieron las protestas a Transmilenio. Las protestas iniciaron el primero de marzo y detonaron el orden público de la ciudad el viernes 9 de marzo.
En este orden de ideas, las manifestaciones obligaron a un cambio en la jerarquía de actividades de la Policía Nacional: la prioridad ya no era incautar armas de fuego, la prioridad era prevenir y evitar desmanes por parte de los manifestantes en contra de los articulados y el establecimiento. En este sentido, la actividad delincuencial durante estas dos semanas se recrudeció sin la respectiva contención de la Policía Nacional.
¿Qué esperar de los meses que vienen? Más allá de la efectividad de la medida es necesario ser cauteloso en torno a su eficiencia. Los efectos de este tipo de medidas son favorables durante los primeros meses de implementación y siempre y cuando haya vigoroso control policial, sin embargo, a medida que transcurre el tiempo, la adaptación del crimen organizado reduce moderadamente su efectividad.
Sólo resta esperar que este tipo de medidas estén acompañadas de una verdadera política de seguridad local que promuevan la reducción de los delitos y la contención del crimen organizado en Bogotá.
