El acuerdo alcanzado por las delegaciones del Gobierno y las FARC es el primer paso para la protección efectiva de los menores vinculados al conflicto. Sin embargo, será limitado en tanto las dos partes no aúnen esfuerzos para identificar y cuantificar los menores combatientes y milicianos que hacen parte de la guerrilla. Sobre todo, deberán enfocar su atención en la identificación de los menores milicianos (armados o no) pues son quienes tienen mayor riesgo de ser re victimizados por otros grupos armados.
Las delegaciones negociadoras del Gobierno y las FARC anunciaron un acuerdo para la desvinculación progresiva de los menores de edad de los campamentos de las FARC.
El Gobierno se comprometió a presentar a la Mesa de Conversaciones, en los próximos 15 días, el protocolo para la salida de menores de 15 años de los campamentos de la guerrilla y a presentar en los próximos 30 días una propuesta de un programa integral de atención para todos los menores de edad que hacen parte de las FARC.
La Defensoría del Pueblo y la Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia de la República coordinarán la mesa técnica para definir el protocolo de desvinculación de menores en filas de las FARC. Esta mesa además contará con la participación del Comité Internacional de la Cruz Roja, la UNICEF, la Organización Internacional para las Migraciones y tres organizaciones sociales escogidas por la Mesa de Negociación de La Habana.
Las FARC por su parte se comprometieron a entregar la información de los menores de 15 años que se encuentran en su filas para garantizar su desvinculación tan pronto como el protocolo y la ruta de atención estén listos, así como como a contribuir con la identificación de todos los menores de edad que se encuentran en el grupo guerrillero a fin de garantizar que reciban “el apoyo y acompañamiento necesario”.
Este acuerdo además presenta el tratamiento legal que recibirán los menores desvinculados de las FARC. Las partes acordaron que los menores de 14 años bajo ninguna circunstancia podrán ser declarados penalmente responsables.
A los menores entre 14 y 18 años se les “aplicará el beneficio del indulto por rebelión y delitos conexos cuando no haya impedimento en las leyes colombianas”; en caso que los menores sean responsables de delitos no amnistiables, la situación en particular se estudiará en “una fase posterior” con el compromiso que éstos menores “queden a disposición de la Jurisdicción Especial para la Paz para examinar sus responsabilidades.”
Análisis:
El Acuerdo para la desvinculación de menores de edad de las filas de las FARC se da en punto clave del proceso de negociación. Supone el progresivo alistamiento de las partes para un cese bilateral y definitivo al fuego y de hostilidades, que implica la inminente protección de menores de edad que participan en el conflicto. No sólo reafirma el compromiso unilateral de las FARC de eliminar el reclutamiento de niños y adolescentes, adquirido en febrero de 2015, sino que constituye un compromiso formal de ambas partes.
Los aspectos más importantes que este acuerdo establece son:
- El reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes vinculados a las FARC como víctimas del conflicto. Esto permite el diseño de una ruta de atención especial pero también expedita que garantiza el restablecimiento de los derechos en el marco de la integralidad y la universalidad.
- El reconocimiento de la prevalencia de los derechos de niños, niñas y adolescentes y con ello el diseño de una ruta de atención especial, que considera sus necesidades específicas incluyendo el enfoque diferencial, de género, étnico y etario.
- El Acuerdo estipula un compromiso sobre el tratamiento legal de los menores, que respeta y se ajusta a sus condiciones, en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz ya pactada.
- El acuerdo destaca que las medidas de atención que recibirán los menores serán de carácter exclusivamente humanitario, por lo que serán inmediatas, de emergencia y transitorias. Por ello será fundamental un diseño sólido de la ruta de atención integral para que en el futuro la reintegración de los menores sea efectiva.
Sin embargo el acuerdo se da también en torno a temas que no han sido dimensionados con claridad.
Según la Defensoría del Pueblo y la Alta Consejería Presidencial para los Derechos Humanos aún no hay cifras oficiales sobre el número de menores que harían parte de las FARC. Las cifras disponibles del ICBF dan cuenta de cerca de 6.000 menores vinculados a grupos armados, atendidos por la institución. De estos, el 60% perteneció a las FARC. Según la Fiscalía la guerrilla habría reclutado desde 1975 hasta 2014, 11.556 menores de edad.
Por ello es urgente, que para garantizar la efectividad de los protocolos y hojas de ruta diseñados en la Mesa de Conversaciones, se estime con exactitud el número de menores vinculados. Esta estimación debe considerar tanto a los menores combatientes como a los menores que pertenecen a las redes de apoyo de las FARC (o milicianos).
Sobre estos últimos, hay mayores deficiencias en términos de su cuantificación e identificación y son los menores que tienen mayor riesgo de ser re victimizados por otros grupos armados, al tener mayor probabilidad de ser nuevamente reclutados. Por ello, los menores milicianos (armados o no) deben ser sujetos de un proceso de desvinculación especialmente diseñado para ellos y, en el mismo sentido, las delegaciones del Gobierno y las FARC deberán aclarar cuál será el tratamiento legal para estos menores.
En lo que respecta al compromiso de las partes de brindar espacios para la “participación de los menores de edad en la ejecución del programa diseñado para su atención”, los protocolos deben especificar qué tipo de espacios o ámbitos se abrirán para dicho fin, con el entendido que garanticen la seguridad y la protección a los menores que participen.
Finalmente, el acuerdo estipula que la UNICEF y la Organización Internacional para las Migraciones cumplirán un rol de acompañamiento para el “cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco de las medidas iniciales”. No obstante no resulta claro si su participación se limitará exclusivamente a la ayuda humanitaria o si también podrán coadyuvar al diseño a largo plazo de actividades coordinadas con instituciones como el ICBF, para el restablecimiento de derechos de los menores involucrados.
Este acuerdo es un paso más cerca de la finalización del conflicto, pero deja muchos retos urgentes para la atención integral de los menores de edad en el pronto escenario de la paz.
